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Cuestionan en la Justicia el decreto que militariza ocho regiones

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presentan en la justicia un recurso por la insconstitucionalidad del decreto que militariza ocho regiones

presentan en la justicia un recurso por la insconstitucionalidad del decreto que militariza ocho regiones

El senador por el Polo Democrático de Colombia Iván Cepeda presentó este jueves una tutela ante el Consejo de Estado contra el presidente Iván Duque, al considerar “abiertamente inconstitucional” el decreto que dispone la llamada “asistencia militar” en varias regiones por las protestas antigubernamentales, una medida que, según el legislador, atribuye funciones al Ejército que “exceden sus competencias”.

La figura de la tutela está en el artículo 86 de la Constitución de Colombia, como mecanismo para garantizar que se respeten los derechos de la ciudadanía y busca que el tutelado, en este caso Duque, “se abstenga de actuar”.

El Consejo de Estado es el tribunal supremo en el ámbito contencioso administrativo y le toca actuar ante las acciones de nulidad por inconstitucionalidad contra los decretos dictados por el Gobierno nacional.

Cepeda advirtió que el decreto 575 de Duque “en la práctica genera un estado de conmoción interior, en el que se suspende de manera permanente normas constitucionales, sustituye la potestad sancionadora del Estado y le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden su competencia”.

La tutela que radicó Iván Cepeda contra el presidente Iván Duque https://t.co/NbVD1O3vnH

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2021

“Eso significa que en Colombia se crea la posibilidad de que las autoridades militares y la Policía administren con las autoridades civiles cuestiones de orden público, escenario proclive a que ocurran graves violaciones a los derechos humanos, como ha ocurrido hasta hoy”, cuestionó el senador en un comunicado, citado por la agencia de noticias DPA.

Cepeda reseñó que con el decreto, del que pidió suspensión inmediata, Duque impide que el Congreso y el Tribunal Constitucional ejerzan sus funciones de control y hasta advirtió que fue emitido sin la firma de los ministros.

“Omitió establecer además un límite temporal en su aplicación y se abstuvo de indicar los motivos que condujeron a su expedición”, lo que, según el legislador, “violenta derechos fundamentales”, así como “la autonomía de los entes territoriales y el ejercicio legítimo de la protesta social”, fracturando el sistema democrático y poniendo en riesgo el Estado de derecho.

El decreto fue publicado después de las movilizaciones del viernes pasado, una de las jornadas más violentas desde el comienzo de las protestas, el 28 de abril, y Duque anunció inicialmente “asistencia militar” para Cali, pero el texto conocido después extendió esa medida a ocho departamentos y 13 ciudades.

Presenté tutela contra el Presidente de la República por haber expedido decreto 575 de 2021 que constituye, en la práctica, la declaratoria de una conmoción interior por cuanto le atribuye a la Fuerza Pública funciones que exceden sus competencias.

— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) June 3, 2021

La virtual militarización de las calles y los abusos y la violencia policial fue ampliamente criticada y denunciada tanto dentro y fuera del país, donde organizaciones defensoras de los derechos humanos denuncian más de 60 muertos, decenas de desaparecidos y cientos de heridos.

También la organización Dejusticia y el exmagistrado auxiliar de la Corte Suprema Iván Velásquez se pronunciaron de manera crítica sobre el decreto.

Dejusticia, un centro de estudios jurídicos y sociales que promueve los derechos humanos, alertó que el Gobierno “deja de lado las vías democráticas para hacer frente a los bloqueos y adopta como única estrategia el uso de la fuerza” y evaluó que “la protesta y los bloqueos deben gestionarse de manera democrática, privilegiando el diálogo y la negociación”.

Además el ex magistrado Velázquez reveló en su cuenta de la red Twitter que presentó “una demanda de acción pública” –en los hechos, un pedido de inconstitucionalidad-, porque el decreto dispone “veladamente un estado de conmoción interior que solo puede decretar el presidente de la República con la firma de todos sus ministros” y, además, “faculta a las fuerzas militares para cogobernar con alcaldes y gobernadores”.

Según Velázquez, Duque busca de esa manera “eludir su responsabilidad política, omitir dar informes al Congreso de la República y escapar al control constitucional automático de la Corte Constitucional”.

Dos fallos judiciales buscan evitar los abusos policiales en Colombia

La justicia de dos ciudades de Colombia, Pasto y Popayán, adoptó sendas decisiones que cuestionan de alguna manera los operativos policiales desplegados durante las movilizaciones que se registran desde fines de abril, al ordenar en un caso la identificación anticipada y el detalle de armas con las que los uniformados custodiarán las marchas y en otro la prohibición del llamado dispositivo “Venom” que usa el cuestionado Escuadrón Antidisturbios (Esmad).

El juez octavo administrativo de Pasto ordenó al comandante de la Policía y a los encargados del Esmad que si debe desplegar este grupo especial antidisturbios en la capital de Nariño tiene antes que entregar la lista de los oficiales que lo integrarán.

Deberán hacerlo de manera anticipada y comunicarlo al defensor del Pueblo, la Personería (un cargo regional) y el Procurador regional, y ordenó que el listado de los uniformados vaya acompañado del nombre de los comandantes y jefes de unidad.

Además, según informó Blu Radio, tendrán que aclarar qué armas, elementos y artefactos no letales se emplearán, con sus respectivos seriales de identificación.

La misma decisión judicial dispone que el alcalde de Pasto y el gobernador de Nariño deben “en el término de tres días” dar a conocer “directrices y/o protocolos provisionales para el respeto y la garantía del derecho a la protesta pacífica y de todos los demás derechos presuntamente vulnerados en este asunto de las mujeres que hacen parte de las actividades del paro nacional en Colombia”.

También les pide a esas dos autoridades locales y regionales que garanticen el derecho a la protesta y movilización social, y que informen qué denuncias recibieron de supuestos abusos policiales desde el 28 de abril, día que iniciaron las manifestaciones del paro nacional.

En Popayán, en tanto, el Juzgado 10mo Administrativo Mixto y de la Oralidad suspendió el uso en la ciudad del Sistema Lanzador de Munición No Letal denominado Venom que usan los agentes del Esmad, hasta que se elabore un protocolo específico para el dispositivo, “en el que se plasme la forma correcta de manipularlo”.

La justicia pretende que quede explícito que el dispositivo solo puede usarse en “plataformas tales como vehículos terrestres o plataformas no tripuladas y no desde el suelo, así esté soportado sobre un trípode, a fin de evitar que sea disparado de forma directa sobre la humanidad de los marchantes”.

“Además, que debe usarse como última ratio para garantizar el restablecimiento del

orden público”, señaló el fallo.

Según la disposición judicial, publicada por el sitio del diario El Tiempo, la elaboración del protocolo “deberá ajustarse a las condiciones que establece, con carácter general, el Derecho Internacional Humanitario, la normatividad internacional y nacional sobre el uso de armas no letales”.

El uso de este dispositivo fue denunciado por varias organizaciones defensoras de derechos humanos, porque, según dijeron, el Esmad suele apuntarlo directamente sobre quienes protestan.

“Se trata de un arma con efectos indiscriminados y que, por lo tanto, es completamente inapropiada para manifestaciones pacíficas o mayoritariamente pacíficas”, advirtió Human Rights Watch y en términos similares se expresó la Comisión Interamericana de DDHH (CIDH).

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